Narcocriminalidad y el problema de edificar sobre suelo pantanoso.

Por Danilo Miocevic

Los diferentes agentes involucrados en el estudio del fenómeno narcocriminal hemos asumido desde hace décadas que sus interrelaciones se rigen por reglas de mercado, pero paradójicamente resulta muy difícil para los Estados aplicar las herramientas que han sido exitosas en la regulación de los mercados lícitos, cuáles son los desafíos y los resultados en diferentes puntos del planeta, como consecuencia de las diferentes estrategias adoptadas.

Resulta difícil creer que se pueda regular un mercado, y mucho menos determinar si esa regulación fue exitosa o no, si no se tienen índices confiables, y Wainraich expone este punto de manera contundente, al poner sobre la mesa una experiencia concreta con resultados históricos:

“Uno de los éxitos más sorprendentes de la historia de la guerra contra las drogas tuvo lugar en una oficina en Austin, Texas. Los oficiales del Departamento de Seguridad Pública del estado llevaron a cabo una operación que, de un solo golpe, incautó 1.600 millones de dólares en droga del crimen organizado. La operación se destacó por el sigilo con el que se llevó a cabo, sin que una sola bala fuera disparada o persona alguna resultara herida. De hecho nadie tuvo que levantarse del escritorio, ya no digamos sacar un arma…”[2].

¿Cómo lo lograron? De la siguiente manera: en el balance anual del material estupefaciente incautado durante 2014, el personal de la DPS[3] de Texas decidió realizar un simple ajuste en las planillas de excel con respecto al balance del año anterior. Esta vez, calcularon el valor de los cargamentos secuestrados en la frontera sobre la base del precio minorista, es decir, tomando como referencia el precio de venta al público.

De esta forma, el valor del estupefaciente confiscado pasó de 161 millones a 1.800 millones de dólares, una semana antes de que dicha agencia presentara su evaluación de desempeño.

Ahora bien, sin detenernos en los objetivos políticos o presupuestarios del cambio de criterio de la DPS, este ejemplo grotesco nos conduce a pensar, como primer paso en el abordaje de la problemática narcocriminal, en la necesidad de los Estados latinoamericanos de buscar mecanismos que posibiliten delinear un plan de acción sobre la base de datos fehacientes, de lo contrario, posiblemente estemos montando una estructura sobre un suelo pantanoso. Por lo pronto, no parece ser lo más conveniente delegar esta tarea a mismos organismos encargados de la persecución de estos delitos, revelándose en tal caso, un evidente conflicto de intereses.

Algunos países vienen trabajando en el tema desde hace algunos años. Desde 2014, la Oficina de Estadísticas Gran Bretaña (ONS) incluye en el cálculo de su economía (GDP[4]) el peso de los mercados ilícitos, en este caso, el narcotráfico y la prostitución.

Por supuesto, dicha agencia reconoce que los cómputos se realizan mediante proyecciones y estimaciones, por obvias dificultades, pero los métodos se van refinando y los resultados han sido rotundos: en el primer año se calculó que el comercio de estupefacientes casi igualaba los números de la industria publicitaria en el producto bruto nacional, superando los 5 mil millones de libras (más de 7 mil millones de dólares). El modo en que llegaron a estos números puede encontrarse fácilmente en internet[5] [6].

En la actualidad, el organismo de estadísticas de la Unión Europea, Eurostats, ya incluye estas y otras actividades delictuales en los cálculos del producto bruto bajo la categoría IEA (illegal economic activities), y desde 2013, autorizó a todos los países del bloque a incorporar estos datos en los cálculos de sus respectivos GDP anuales. En ese año, España calculó que el narcotráfico representaba el 1% de su producto bruto, una cifra monumental[7].

De hecho, el año pasado, Eurostats publicó un manual, o guia, de organismos en los que se pueden consultar datos sobre los valores relativos a las actividades ilícitas en los distintos países europeos[8].

La presente nota fue publicada en la «Revista Iberoamericana de Derecho Penal y Criminología»

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