Esas medidas que han conllevado, entre otros, a una serie de problemas vinculados con la detección de posibles operaciones sospechosas por parte de los sujetos obligados (sólo por enumerar algunos: Bancos Público y Privados, Escribanos, Contadores, Juegos de Azar, despachantes de aduana) y su posterior presentación ante la Unidad de Información Financiera (UIF), como así también han supuesto un freno casi total de los Tribunales con la disposición de una feria extraordinaria judicial. Así, hoy nos encontramos ante la disyuntiva de cómo combatir en plena pandemia el flagelo que genera para la sociedad los delitos relacionados con la criminalidad organizada.

En este punto, debemos necesariamente recordar como lo hemos definido en el libro “Delitos Contra el Orden Económico y Financiero” publicado por la Editorial Astrea (coescrito por mí y por los Doctores Ricardo Basilico y Hernando Hernández), el lavado de dinero es el proceso por el cual bienes de origen delictivo (ilícito) se integran en el sistema económico legal, aparentando haber sido obtenidos en forma lícita y procurando ocultar su procedencia, su propiedad y el ejercicio real de su control.

Por eso el recupero de activos es una tendencia en constante crecimiento a nivel mundial que plantea el desafío de diseñar estrategias e instrumentos jurídicos efectivos con el fin de resarcir el daño social producido por la transgresión al ordenamiento jurídico. Tendencia que no solo tiene importancia por sí misma, por lo que significa recuperar el bien en términos de quebrar el negocio lícito de origen ilícito, así como lograr una reparación auténtica de la víctima o que la sociedad se haga de aquellos activos ilícitos para utilizarlos con fines correctos, sino también porque investigar a partir de los bienes ayuda a descubrir el modo de comisión del delito.

Esto obliga a los Estados a redoblar los esfuerzos para combatirlos y, con ello, identificar a los máximos responsables de acuerdo a la gravedad de sus actos y recuperar para la sociedad el producto del delito.

En este sentido, diferentes Organismos Internacionales como el Grupo de Acción Financiero Internacional –GAFI-, su regional GAFILAT e inclusive Europol, han llamado a los países miembros a revisar los posibles riesgos que surjan a raíz de la pandemia mundial logrando determinar posibles nuevas maniobras delictivas, tales como el aumento de fraudes financieros y estafas, el tráfico de medicamentos falsificados, robo de datos para accesos ilícitos a las cuentas de bancos por medio de llamadas telefónicas, sitios web falsos y cualquier modalidad de ciberdelitos, delitos relacionados con la corrupción, entre otros.

A su vez, dichos organismos, han efectuado una guía de buenas prácticas recomendando medidas para evitar, en lo posible, que las organizaciones delictivas saquen provecho de la situación. Por ejemplo, han recomendado fortalecer el monitoreo de las operaciones realizadas por las “Organizaciones Sin Fines de Lucro”, así como el enfoque basado en el riesgo en materia de supervisión de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo; fomentar el uso responsable de servicios digitales financieros y no financieros y sobre todo, procurar transparencia en las transacciones financieras, en especial las electrónicas y de orden internacional.

Aunque todavía es pronto para poder saber si esas medidas recomendadas están siendo efectivas, lo cierto es que en la actualidad los Estados no pueden esperar a los resultados para definir sus actuaciones más inmediatas a fin de evitar la comisión de dichos delitos.

La pandemia ha generado, sin duda alguna, una metamorfosis en nuestra forma de vida. Y la denominada “nueva normalidad” exige, sin dudas, un mayor compromiso por parte de todos los Estados adoptando sus políticas rápidamente a medida que la sociedad avanza y evoluciona. Es tiempo de actuar.

*(Matías Carlos Froment es Miembro Honorífico de ECO. Abogado, Magister en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad de Barcelona. Miembro Activo del Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal. Funcionario en el Ministerio Público Fiscal Argentino).